Fuente: La Editorial Virtual

La imposición de la doctrina de los derechos humanos como patrón para medir la conducta de los estados ha significado, en realidad, la posibilidad de hacer juzgable ante instancias transnacionales las decisiones políticas de un estado o nación. Se ha conseguido así instrumentar la intención manifiesta de impedir que actos considerados inaceptables por la ideología vigente puedan ampararse en el principio de la soberanía nacional.

Los gobiernos no alineados con el liberalismo imperial judío han quedado bajo el escrutinio, bajo la acusación y hasta bajo la posibilidad de ser investigados y castigados por parte de organismos internacionales. Esta tendencia, haciendo pantalla en valores éticos y morales que ciertamente cuentan con un gran consenso universal ha desviado la cuestión al terreno estrictamente político en dónde lo que realmente está en juego no es tanto la humanidad o inhumanidad de un régimen sino su grado de adecuación a una serie de postulados que, bien mirados, son mucho más políticos y económicos que morales.

Sujetar compulsivamente la administración de la justicia a una serie de procedimientos que tienen escasa relación con la verdadera calidad de la justicia suministrada no es más que utilizar argumentos éticos válidos para lograr objetivos políticos que siempre son, como mínimo, opinables. De hecho, en muchos países, la terca y a veces hasta obcecada adhesión a doctrinas cerradamente individualistas, que conciben al individuo como más importante que la sociedad y elevan a la parte por encima del todo, protege más a los delincuentes que a las personas honradas (aborto, homosexualismo, pornografía, etc.).

Paralelamente, en el plano internacional, la imposición de estos criterios políticos ha permitido al poder imperial judío juzgar los actos de los gobiernos para mantener las estructuras judiciales dentro de un margen de parámetros preestablecidos a su conveniencia. Es sorprendente constatar como muy pocos parecen haberse dado cuenta todavía que el hiper-individualismo judicial exagera la importancia no sólo de las personas físicas sino, también, la de las personas jurídicas; es decir de las empresas.

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